- Denegar el programa con el fin de crear una imagen de cadena televisiva seria y así captar a espectadores contrarios a este tipo de espacios.

Si por alguna casualidad de la vida, sorprendieras a dos famosos en actitud íntima, cariñosa y comprometedora para su honor, y tuvieses a mano una cámara fotográfica o de vídeo, ¿los fotografiarías e intentarías vender esas imágenes a alguna revista que te pagase un buen montón de dinero por ellas, o al contrario, respetarías su derecho a la intimidad?

Justifica moralmente tu decisión.

Este dilema está directamente relacionado con la libertad de expresión y con la libertad ideológica que garantiza la existencia de partidos políticos de cualquier ideología, aunque sometidos a determinadas reglas del juego democrático. Tras la sentencia del juez Garzón, que ordenaba encarcelar a la dirección de Herri Batasuna (partido político vasco defensor de la independencia para ese territorio) por colaboración y soporte político de ETA, se produjo un duro debate en los medios de comunicación españoles acerca de la legalidad (o más bien de la legitimidad) o no de esa sentencia.

Para algunos, y a pesar de que las pruebas judiciales no fueran concluyentes, resultaba evidente que Herri Batasuna era el brazo político de ETA y, por tanto, había que prohibir su existencia como partido a causa de llevar a cabo una apología de la violencia terrorista.

Para otros, en cambio, había que distinguir claramente entre ETA (una organización violenta) y Herri Batasuna (un partido político). En razón de ello discrepaban de la sentencia, al entender que en democracia es lícito defender posturas independentistas (sin ejercer la violencia, claro), y que prohibir un partido es atentar contra la libertad de expresión. En todo caso, argumentaban, si algunos miembros de dicho partido habían cometido delito, debían de ser castigados individualmente por ello, pero no el partido al que pertenecían.

¿Cuál de las dos opciones, y por qué, te parece más correcta desde las perspectivas ética y política?

¿Estarías dispuesto/a a vender tu intimidad y la de tu familia a una revista a cambio de obtener una buena cantidad de dinero? ¿Crees que ese acto es algo indigno desde el punto de vista moral o que al fin y al cabo no tiene mayor importancia? Justifica tu respuesta.

A dilemas como el que se plantea a continuación se enfrentan cotidianamente algunos jueces. De la dificultad de sentenciar en uno u otro sentido, dan fe la diversidad de sentencias sobre la cuestión y los fundamentos de derecho que muchos de ellos incluyen en sus sentencias (explicando que debiera reformarse la ley vigente, en virtud de la cual condenan aunque moralmente esos jueces mantengan dudas sobre la justicia social de dicha ley).

Veamos, pues, un caso de desobediencia civil, llevado a cabo en esta ocasión por un movimiento de okupas.

En una gran ciudad, cuyos precios de venta y alquiler de viviendas son elevadísimos y por lo tanto inaccesibles para personas jóvenes con pocos recursos económicos, existe un local deshabitado desde hace tiempo. Las condiciones de dicho local son casi ruinosas, puesto que sus propietarios lo mantienen en ese estado de abandono. Un grupo de jóvenes decide ocuparlo y, a tal fin, comienza a restaurarlo mediante la puesta en marcha de pequeñas reformas que lo hagan habitable.

Al cabo de un tiempo, comienzan a vivir en él. Los jóvenes pertenecen a grupos pacifistas y defienden la justicia social de su acto, amparándose en el abandono del local por parte de los dueños y en la necesidad de vivienda que tienen todos ellos. Creen que su acto no perjudica a nadie; es más, si acaso puede beneficiar a los propietarios del local, ya que los okupas han procedido a reformarlo evitando su progresivo deterioro.

Enterados los propietarios de la ocupación pacífica del edificio, proceden a denunciarla y solicitan al juez el desalojo de los okupas y que sea aplicado sobre ellos el castigo legal correspondiente. Su reclamación se fundamenta en el hecho de estar acreditados como legítimos propietarios del edificio y, como tal, poder destinarlo al uso o al abandono según estimen conveniente.

El juez se enfrenta a un conflicto de derechos. Por un lado, está el derecho a la propiedad privada, reconocido en toda la legislación civil y constitucional; por otro lado, los okupas reclaman el derecho a una vivienda digan, tal y como queda recogido en la Constitución española. Estos últimos se comprometen a abandonar el local en el momento en que los dueños procedan a iniciar su rehabilitación con el fin de destinarlo a un uso concreto.

Como es lógico, el juez es consciente de que se halla ante un caso donde las posibles contradicciones entre legalidad y legitimidad de la ley pueden ser manifiestas. Sin demora, debe decidir sobre las siguientes cuestiones:

- Sancionar o no con las penas pertinentes a los okupas. A este respecto, conviene recordar que la ley obliga a dichas sanciones, aunque puede ser interpretada en varios sentidos, o se pueden invocar atenuantes y justificantes de la acción, como el estado de necesidad o la voluntad claramente manifestada por los okupas de que no se trataba de una ocupación definitiva y permanente del edificio.

- Suspender la sentencia y elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el precepto de la ley, argumentando que en este caso -donde entran en conflicto varios derechos legítimos de cada una de las partes-, el derecho a una vivienda digna debe estar por encima del derecho de los propietarios a mantener su propiedad abandonada y sin uso manifiesto alguno (aunque, como sucede en muchos casos, su finalidad sea especulativa sobre el valor económico del solar).

Ponte en el lugar del juez y decide por él. Deberás determinar, entre otras cuestiones, las siguientes:

- ¿Cuál de los dos derechos enfrentados es el prioritario?

- ¿Qué tipo de sanción pondrías tú a los okupas (en este caso hipotético, debes prescindir de lo que dice la legislación española sobre este tipo de situaciones y sentenciar según tu conciencia moral)?

- Decidir si dejas en suspenso la aplicación de la sentencia con el fin del elevar la cuestión al Tribunal Constitucional.

Tomado de VV. AA.: Filosofía. Mileto Ediciones

Vamos a plantear un caso que sucede con demasiado frecuencia en los hospitales españoles y que tiene que ver con el derecho a la objeción religiosa.

Como sabrás, existen algunas iglesias evangélicas, como los Testigos de Jehová, que se niegan expresamente a recibir cualquier transfusión de sangre, ya que -según ellos- las prohibiciones recogidas en la Biblia deben tomarse en un sentido literal si alguien quiere alcanzar la salvación eterna.

Cuando un enfermo (o su familia en el caso de que se encuentre en coma) que necesita una transfusión para sobrevivir se niega a ello, al médico se le plantea un dilema: respetar las ideas religiosas del paciente y dejar que se muera, o cumplir con su código deontológico y salvarle la vida.

El problema es grave por el siguiente motivo: si se transfunde sangre al creyente y éste se cura, vivirá el resto de sus días con la convicción de que ya no podrá salvarse, lo que implica la aparición de una angustia existencial terrible que traerá enormes problemas psicológicos a esa persona. En cambio, si no realizamos la transfusión, nos preguntaremos si en casos como éstos es moral y lícito, o no, acudir a la objeción de conciencia religiosa, ya que el individuo puede estar manipulado y, por tanto, no tener poder de decisión.

Desde hace algún tiempo, es frecuente que los médicos pongan en conocimiento del Juez de guardia la negativa del enfermo a recibir sangre para que sea éste el que tome una decisión al respecto, es decir, qué es más importante en este caso: el deber del médico o el derecho a la objeción religiosa.

¿Qué harías tú en el caso de ser el juez encargado de tomar una decisión y cómo la fundamentarías?

¿Debe ir un insumiso a la cárcel por defender sus convicciones ideológicas, si el pacifismo es un bien aceptado por todos los sistemas éticos?

Tanto la persona que hace el servicio militar como el objetor de conciencia que realiza la prestación social sustitutoria cumplen con un deber legal, prestando de esa manera un servicio a la sociedad. El insumiso, en cambio, justifica el incumplimiento de ese servicio social alegando sus ideas pacifistas radicales y afirmando que sólo cuando miles de ciudadanos (movimientos de desobediencia civil) se nieguen a cumplir con una ley injusta -aunque con ello se vean abocados a la cárcel- podrá obligarse socialmente al Estado a la supresión de dicha ley.

Muchas personas están a favor de los insumisos. Otras muchas, sin embargo, consideran que no deben ir a la cárcel porque creen que representa una condena exagerada, pero argumentan que si esa persona no presta un servicio al Estado, éste está legitimado para no otorgarle ciertas ayudas sociales o derechos secundarios que en cambio sí garantiza a los ciudadanos que cumplen con sus deberes sociales. Así, en lugar de la cárcel, proponen para los insumisos castigos como los siguientes: prohibición de ser funcionario durante un cierto periodo de tiempo; denegación de becas, ayudas sociales o beneficios fiscales por parte de cualquier tipo de Administración pública, etc.

Si tú tuvieras que legislar al respecto, ¿qué harías y en qué fundamentarías tu decisión?

A veces, algunas personas tienden a disfrazar como ‘desobediencia legítima’ lo que no es más que una negativa a cumplir con la legalidad. Suele suceder a menudo en cuestiones relativas a Hacienda, es decir, en materia fiscal. Existen personas que ocultan sus ingresos (trabajadores por cuenta propia que no dan facturas a sus clientes y no declaran por esos trabajos; empresarios que hinchan artificialmente sus gastos para desgravar más, etc.) con el objetivo de pagar menos impuestos.

Muchas de esas personas justifican sus actos de la siguiente manera: según ellos el Estado es un ladrón que no hace más que cobrarnos impuestos; los políticos son unos aprovechados del sistema que están en política únicamente para ganar dinero; existe mucha corrupción entre los empleados públicos, los cuales se llevan dinero del Estado siempre que pueden, etc.

Por todo lo anterior consideran que está justificada su negativa a declarar lo que realmente ganan, y por tanto no lo consideran inmoral. Argumentan así: "puesto que el poder es corrupto, yo también tengo derecho a serlo". Algunas de estas personas llegan a comentar que su actitud es una forma de rebeldía ante la injusticia social (una especie de desobediencia civil), sin querer admitir que llevan a cabo ese ocultamiento únicamente en su propio beneficio.

Si tú pudieras no declarar algún ingreso, ¿lo harías basándote en razones parecidas a las comentadas o no? ¿Piensas que actitudes como las señaladas pueden interpretarse como desobediencia civil? ¿Por qué sí o por qué no?